La autoridad para detener bajo sospechas razonables se estableció en el caso Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968), y no requiere de la existencia de una ley que específicamente autorice la detención, por lo que esta autoridad existe en todo Estados Unidos. El requisito de identificación fue considerado por la Corte Suprema de EE.UU. en el caso Hiibel v. Sixth Judicial District Court of Nevada, 542 U.S. 177 (2004), en el que se sostuvo que el requisito de identificarse no violaba la prohibición de la Cuarta Enmienda sobre registros y pesquisas no razonables. En el caso Hiibel también se estableció, debido a que Hiibel no tenía una creencia razonable de que su nombre sería utilizado para incriminarlo, el requisito de identificación no violó el privilegio de la Quinta Enmienda sobre la auto incriminación; sin embargo, la Corte dejó abierta la posibilidad que este privilegio de la Quinta Enmienda pudiese utilizarse en situaciones donde se encontrara la creencia razonable de que al dar el nombre la persona podría ser incriminada. La Corte entendió que el estatuto de Nevada podía ser cumplido con que la persona simplemente diera su nombre.
No existe una ley federal que requiera que una persona se identifique durante una detención Terry. Hiibel simplemente estableció que los estados y las localidades tienen el poder de requerir que las personas se identifiquen bajo ciertas condiciones.
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